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31 de octubre de 2002

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PROPIETARIOS DE COMPAñíA DE MUDANZAS QUE SE DECLARARON CULPABLES DE DEFRAUDAR A LOS CONSUMIDORES SON EXCLUIDOS DEL MERCADO Y SENTENCIADOS A PRISIóN; CONTINúA EL PROCESO DE DEVOLUCIóN DE DINERO Y BIENES Y EL ACUERDO DE RECLAMACIONES DE SEGURO DE MáS DE 150 VíCTIMAS

El Fiscal General de Queens, Richard A. Brown anunció hoy que tres propietarios de cinco compañías de mudanza sin licencia para operar que se declararon culpables de defraudar a sus clientes al exigir pagos en efectivo excesivos el día de la mudanza y retener y mantener ilegalmente secuestradas las pertenencias de los clientes que se negaron a pagar los costos adicionales, han sido sentenciados a prisión y excluidos del mercado. También se les ha advertido que en caso de violar la prohibición impuesta, recibirán períodos de encarcelamiento más extensos.

El Fiscal General dijo fue informado por funcionarios del Departamento Estatal de Transportes de que este caso representa la primera acción judicial entablada en el Estado de Nueva York contra compañías de mudanza y que como resultado de esta medida los involucrados han sido sentenciados a prisión, al pago de indemnizaciones y han sido pasibles de una prohibición global de operar en el mercado de mudanzas, en relación con la defraudación de los clientes de las compañías de mudanzas. El Fiscal General dijo al respecto:"Los acusados han sido encarcelados por tentar a los clientes con falsas promesas de mudanzas a bajo costo, exigiendo pagos adicionales exorbitantes el día de la mudanza y por acarrear, retener y exigir rescate por sus posesiones a los clientes que se negaron a pagar los cargos adicionales. Ellos aceptaron salir del mercado de compañías de mudanzas y están cooperando con los querellantes que continúan trabajando para lograr que las víctimas de este esquema obtengan una restitución del dinero y puedan resolver las reclamaciones de seguro por las pertenencias que les fueron sustraídas ilegalmente".

El Comisionado de Policía Raymond W. Kelly dijo: "Estos criminales pensaron que podían aprovecharse de las personas reteniendo sus posesiones y cobrando sumas exorbitantes para devolvérselas. Pero los policías de nuestra División de Inteligencia han desbaratado su esquema inescrupuloso y han llevado ante la justicia a todos los involucrados".

El Comisionado del Departamento Estatal de Transportes Joseph H. Boardman dijo: "Los términos de estas sentencias transmiten el enérgico mensaje de que las actividades ilegales de las compañías de mudanzas no serán toleradas. El Departamento, bajo la dirección del Gobernador Pataki, continuará trabajando tanto en el ámbito local como en el estatal para proteger a los consumidores de las compañías de mudanzas inescrupulosas".

El Inspector General del Departamento Federal de Transportes Kenneth M. Mead dijo al respecto: "Una vez más, quisiera felicitar al Fiscal General del Distrito Sr. Brown y a todas las agencias locales, estatales y federales encargadas del cumplimiento de la ley, por un trabajo bien hecho. Este hecho refuerza el mensaje que deseamos transmitir a quienes se aprovechan de los consumidores, reafirmando que sus actividades no serán toleradas".

El Inspector General Mead instó nuevamente a los consumidores a seguir informándose acerca de sus derechos a través del sitio Web de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA): http://www.fmcsa.dot.gov/factsfigs/rights.htm. Las personas que crean haber sido víctimas de este tipo de fraude pueden llamar a la línea gratuita para consumidores de la FMCSA: 1-888-DOT-SADFT (1-888-368-7238).

Entre las víctimas de este caso se cuentan unos 100 individuos a quienes los acusados les entregaron presupuestos bajos y luego los obligaron a pagar montos más altos para entregarles sus pertenencias. Posteriormente, entre noviembre de 2001 y junio de 2002, estas víctimas presentaron reclamos ante la oficina del Fiscal del Distrito de Queens, ante el Departamento de Transportes del Estado de Nueva York o ante el Departamento de Transportes de Estados Unidos de América. El resto de los afectados comprende a 50 individuos cuyas pertenencias fueron almacenadas en depósitos ubicados en Jamaica, Nevada y Texas que los acusados se negaron a entregar y que fueron devueltas a las víctimas bajo los términos de una sentencia acordada por la admisión de los cargos.

Las víctimas que fueron forzadas a pagar sumas más altas podrán recibir una indemnización cuyo monto provenga de la división de los bienes de los acusados luego de su liquidación, y que puede totalizar un mínimo del 75% de cada pérdida real. Los individuos que iniciaron demandas ante el Departamento de Transportes estatal o federal y/o ante el Fiscal General del Distrito de Queens antes del 31 de julio de 2002, han sido anotados en una lista de víctimas.

El Fiscal General Robert Brown dijo: "El procesamiento de los acusados debe ser interpretado como una seria advertencia para los demás operadores del sector de mudanzas que contemplen la posibilidad de comprometerse en el mismo esquema de extorsión, para que sepan que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están vigilantes y decididas a dar rápidos y certeros pasos contra los malhechores".

El Fiscal General Brown identificó a los acusados como Daniel Mantoza, de 37 años, su esposa, Ronit Mantoza, de 35 años, ambos con domicilio en 148-47 61st Road en Flushing, Queens y su socio, Morad Alfar, de 32 años, con domicilio en 196-36 50th Avenue, Fresh Meadows, Queens. Sus compañías incluyen Allstate Moving and Storage, On Budget Van Lines y Eilid Moving and Storage, de 131-11 Atlantic Avenue, Jamaica, así como Online Moving and Storage y In & Out Moving and Storage con domicilio en 1940 Deer Park Avenue, Deer Park, Suffolk County.

Según el Departamento Estatal de Transportes, los alegatos de culpabilidad de los acusados Ronit Mantoza y las cinco compañías constituyeron la primera instancia producida en Nueva York en la cual una compañía de mudanzas o un propietario de una compañía de mudanzas son condenados por un delito.

Los acusados fueron sentenciados ante la Jueza de la Corte Penal Dorothy Chin-Brandt. Ronit Mantoza, que se declaró culpable del delito de tentativa de corrupción empresarial, fue sentenciado a tres meses de prisión y cinco años de libertad vigilada. Daniel Mantoza y Morad Alfar, quienes se declararon culpables del delito de instrumentar un esquema para perpetrar fraude en segundo grado, considerado delito menor, fueron sentenciados a dos meses de prisión y tres años de libertad vigilada. Afar, también fue sentenciado a cumplir 210 horas de trabajo comunitario.

Los acusados admitieron haber entregado presupuestos de bajo monto para realizar mudanzas sin intención de cumplir el precio presupuestado y que en el día de la mudanza, luego de cargar las pertenencias del cliente en sus camiones y tenerlas bajo su control, exigieron un precio entre tres y cinco veces más alto que el presupuestado previamente, y luego amenazaron con retener la carga si no se les pagaba y, en muchos casos, lo hicieron.

El Fiscal General Brown dijo que bajo la ley existente, una compañía de mudanzas con licencia para operar puede cobrar en el día de una mudanza hasta un suplemento del 10% del presupuesto original por mudanzas interestatales, y hasta un 25 % más por mudanzas intraestatales.

Aunque la ley permite que las compañías de mudanzas con licencia para operar puedan retener una parte de los artículos trasladados para preservar su derecho de retención, les prohíbe retener la entrega de todos los objetos mudados mientras se aguarda la resolución de una disputa por los precios.

Como resultado del juicio, los acusados también aceptaron perder sus derechos de propiedad sobre los bienes embargados por las autoridades al momento de su arresto, incluyendo dinero en efectivo, joyas, autos y camiones, que serán vendidos en remate y cuyo producido será usado para indemnizar a las víctimas.

Además, los acusados acordaron someterse a los siguientes términos:

• Presentar a su compañía de seguros, Baker Insurance, todos los reclamos por daños y pérdidas previos a la sentencia.
• Entregar a los consumidores todos los objetos que se encuentren en su posesión o bajo su control a los que no se les cobrará ningún cargo de almacenamiento o montos pendientes.
• Disolver todas sus empresas de mudanzas, almacenamiento y transporte dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la sentencia.
• No trabajar en ninguna compañía de mudanzas interestatal o intraestatal ni poseer, ni tener intereses o publicitar, directa o indirectamente en dicho tipo de compañías.

El Fiscal General Brown afirmó: "La sentencia acordada por la admisión de los cargos no impide que los consumidores u otros individuos puedan demandar a los acusados o proseguir con otros recursos civiles, ni tampoco prohíbe que las agencias estatales o federales apliquen multas administrativas y penalidades que no pueden ser eximidas por un procedimiento de bancarrota".

El Fiscal General explicó que el Departamento Estatal de Transportes regula las mudanzas dentro del Estado de Nueva York y que el Departamento Federal de Transportes regula las mudanzas hacia y desde otros estados.

El Fiscal General Brown expresó su agradecimiento al Detective William Whelan y al Sargento Michael Liberator de la División de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York, que actuaron supervisados por el Subjefe Edmund Hartnett, el Inspector John W. Cutter, el Capitán Francis Darsillo y el Teniente John Billet. También incluyó en su agradecimiento a los investigadores John Van Tassell y Jonathan NiCastro del Departamento Estatal de Transportes, que actuaron supervisados por el Asesor Legal Robert Rybak bajo las órdenes del Comisionado Joseph Boardman; y al Agente Especial Matthew Farrugia e Investigador Anthony Jacaruso de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Transportes de Estados Unidos de América, que actuaron supervisados por el Agente Especial a cargo de la Investigación Ned Schwartz. Por último, el Fiscal General Brown elogió la colaboración de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes del Departamento de Transportes de Estados Unidos de América.

El caso está bajo la conducción del los Fiscales de Distrito Adjuntos Diane M. Peress y Allen L. Bode, y del Representante de los Consumidores del Buró de Delitos Económicos de la Oficina del Fiscal de Distrito Michael Albanesi, que actúa bajo la supervisión del Jefe del Buró Brian J. Mich; de los Fiscales de Distrito Alternos Anthony M. Communiello y David S. Zadnoff del Buró de Embargos Civiles de la Oficina del Fiscal de Distrito y del Teniente Robert Burke, de la Brigada de Detectives de la Oficina del Fiscal de Distrito, que actúa bajo la supervisión del Jefe Edward T. Brady y Subjefe Lawrence J. Festa, que actúan bajo la supervisión general del Asistente en Jefe de Investigaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito Peter A. Crusco, el Asistente Adjunto en Jefe del Fiscal de Distrito Michael J. Mansfie y la Asesora Legal de Investigaciones Linda M. Cantoni.

Nota para los editores: Existe una versión electrónica de este comunicado de prensa que está disponible en el sitio Web de QDA: www.queensda.org.

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